En los últimos días el mundo entero ha centrado su atención sobre Colombia, y es que, lo que empezó como multitudinarias manifestaciones en contra de una reforma tributaria impulsada por el gobierno colombiano en plena crisis sanitaria, acabó como enérgicas protestas en contra de la pobreza, corrupción y violencia que atañen al país sudamericano.
La indignación, inconformidad y descontento social del pueblo colombiano están siendo más fuertes que el temor por la pandemia, y se reflejan en movilizaciones nacionales e internacionales que continúan hasta el día de hoy.
En contraste con el resto del mundo, la pandemia ha retrasado su llegada al nuevo mundo, pero esta semana diversos ministerios de salud (entre estos Brasil, Chile y Ecuador) han anunciado el inicio de la transmisión comunitaria del virus, es decir, que ahora existe un contagio local entre personas que no han viajado a zonas de riesgo en el extranjero, ni han estado en contacto con personas provenientes de esas naciones. Significando de esta manera, que el aislamiento de la región hacia el exterior no será suficiente como medida preventiva. Los casos de COVID–19 continuarán su crecimiento.
Este tema es imperiosamente preocupante debido a que la región, a nivel institucional -como un secreto a viva voz- no está preparada para la propagación del virus, en donde se puede esperar un escenario aún más complejo que el europeo -donde hasta la fecha, se han registrado más de 190.000 casos y más de 10.000 muertes- e incluso, puede convertirse en la mayor afectada de esta situación, si no adoptan acciones inmediatas para fortalecer los sistemas de salud. Combatir una pandemia que afecta a una parte significativa de la población no solamente es cuestión de inversión, sino de un agresivo y eficaz re-direccionamiento de los recursos existentes para disminuir los efectos.
Casos globales de Coronavirus COVID-19 por el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE) en la Universidad Johns Hopkins (JHU)
A diferencia de Estados Unidos, la mayor parte de los países latinoamericanos -de corte socialista- toman al tema de la salud como un derecho social garantizado por la constitución. Tal es el caso de México y Perú. Las constituciones ecuatoriana y venezolana van más allá y la establecen como “Derecho de todos y un deber del estado”. Sin embargo, cuando observamos la proporción de recursos que estos países asignan a la salud pública, es cuando caemos en la distancia abismal entre el dicho y el hecho.
De acuerdo con un estudio del Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS), centro de investigación independiente cuyo enfoque está en la creación de políticas públicas en Brasil, Venezuela destina el 1.7% de su PIB (Producto Interno Bruto) al sistema de salud público, México el 3%; en contraste, el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) invierten 6.6%. Italia, actualmente el contexto más aterrador en relación al coronavirus, invierte el 6.7% de su PIB para salud pública. Por consiguiente, en Latino América la inversión en salud, de forma pública y privada, por habitante tiene un promedio de 949 dólares per cápita, cuatro veces menos que los países miembros de la OCDE, naciones de Medio Oriente y del norte de África.
Un trabajador del Ministerio de Salud de Guatemala ayuda a montar un hospital temporal para tratar posibles casos de Covid-19 en el país centroamericano.
La clara limitante de la oferta de estos servicios se agrava por el hecho de que Latino América presenta un panorama epidemiológico más complejo que otras partes del mundo. En la región se combina la prevalencia de enfermedades no transmisibles -características de países desarrollados- con enfermedades infecciosas de países en vías de desarrollo, junto con las víctimas de la violencia (el 33% de los homicidios registrados en el mundo tienen lugar en América Latina). Los sistemas de salud latinoamericanos tratan patologías completamente contrastadas -desde la hipertensión y la diabetes, al dengue y las secuelas de la violencia- y que requieren acciones de salud muy distintas.
A pesar de todo, es poco realista esperar que América Latina invierta más en los sistemas de salud. Antes del brote, las proyecciones indicaban un crecimiento económico muy bajo para la región por los próximos dos años. Actualmente se observa un re-direccionamiento de la oferta de salud y economía para enfrentar la nueva emergencia sanitaria. Esto significa que los gobiernos están movilizando recursos financieros o asistenciales suplementarios, solamente para tratar a los pacientes infectados con coronavirus, y podrían dejar sin esos recursos a otros pacientes. Dicha situación puede verse agravada si se superponen brotes de otras enfermedades infecciosas.
Si una parte significativa de la población es infectada, los sistemas de salud tendrán que elegir entre atender a las víctimas del COVID-19 o a los portadores de todas las otras enfermedades. Tal escenario es dramático y convertiría a América Latina en la mayor víctima del coronavirus.
Dos turistas se besan mientras esperan en el ingreso al tren del cerro Corcovado, para subir a ver la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil.
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