La emergencia sanitaria  a causa del COVID-19  trae consigo  una crisis económica en la que nos encontramos sumergidos, esta se ve involucrada de manera directa con el área de salud. Por lo que mencionaremos un concepto general; las crisis  principalmente se reflejan en un cambio de modelo que  en menor o mayor medida va penetrando en los sistemas organizativos y en la forma de gestionar las infraestructuras esenciales de la sociedad.

En el ámbito de salud además de disminuir la inversión en sanidad, ha ocasionado otro cambio como la infrafinanciación de estructuras y el más importante fue la implementación de criterios puramente económicos y no basados en la búsqueda de la eficiencia en las medidas adoptadas en la gestión sanitaria.

Como podemos evidenciar tanto a nivel nacional como internacional ha existido saturación de hospitales y de las unidades de cuidados intensivos y falta de recursos. Ante esto se ha tenido que priorizar los recursos sanitarios especialmente intubación  e ingreso en UCI que según la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias  (SEMICYUC), esta situación debe ser conllevada y manejada como las situaciones de medicina catástrofe, aplicando una atención de crisis excepcional basada en la justicia distributiva y en la asignación de recursos sanitarios.

Ante la emergencia sanitaria que vivimos, las personas que administran no se ponen la mano en el corazón de lo que vive el país y siguen haciendo lucro, sucediendo este fatal acontecimiento en varias ciudades del Ecuador. Aquí tenemos unas demostraciones de ello:

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos ejecutó una compra de 7 000 kits de alimentos por la emergencia sanitaria del covid-19 en Ecuador. La adquisición de 7 000 kits alimenticios por un valor de USD 1 055 740 más IVA, es decir que por cada kit se acordó un pago de USD 150,82. Cada kit contiene 18 productos perecibles y no perecibles, entre ellos: arroz, carne, aceite, granos, sal, panela, leche en polvo, atún, sardinas, etc. Realizando una comparación de cada artículo con los precios de los supermercados y constató que el costo de todos los productos suma USD 83,74.

Ocles indicó que el valor de la canasta no cubre solo los productos alimenticios, sino también el envase, etiquetado, embalaje y transporte a los domicilios de los beneficiarios.

¿La diferencia de precios justifica ese valor adicinal por empaquetado y entrega?

Ahora, otro ejemplo para analizar; es el contrato IESS-HBABAHOYO –SIE-102-2019 PROCESO Nº SIE-IESS-HB-069-2019, en el cual se observa la compra de algunos ítems, como el número 7, que consta de 55 pantalones de trabajo con cintas reflectivas, por 94 dólares cada unidad, cuando en el mercado nacional, una prenda de esa misma característica oscila entre los 16 dólares. Mientras que, máscaras para soldar, constan a 67 dólares; chompa de alta visibilidad de poliéster, 105 dólares, guantes de seguridad de fibra nylon, 46 dólares, entre otros.

En este mismo proceso, en el ítem número 1, consta la compra de 50 pares de botas de seguridad con punta en fibra de vidrio, por un valor de 238 dólares cada par, cuando el valor referencial en el mercado es de 59,99.

Pero esto no es todo, pues en otro contrato, IESS-HBABAHOYO –SIE-095-2019 PROCESO Nº SIE-IESS-HB-043-2019, refleja la adquisición de 10 toners para impresora, por 105 dólares cada unidad, cuando en el mercado, el mismo equipo se lo puede conseguir hasta en 33 dólares.

Aquí unos claros ejemplos de la gran corrupción en este país, lastimosamente ni a los recursos destinados a salud los repetan.

Fuentes:

1. Fiscalía revisa compra de 7 000 kits de alimentos; la Secretaria de Gestión de Riesgos habla de transparencia. 7 de mayo. Obtenido de: https://www.elcomercio.com/actualidad/fiscalia-sobreprecio-kits-alimenticios-riesgos.html
2. Fiscalía rastrea si hubo ‘valores inusuales’ en las compras que ejecutó el hospital del IESS-Babahoyo dentro de la emergencia por el covid-199 de mayo. Obtenido de: https://www.elcomercio.com/actualidad/allanamiento-fiscalia-compras-iess-babahoyo.html

Siendo las 20:15 del 3 de abril del presente año, el pleno de la Asamblea Nacional finalizó su primer debate del proyecto de Ordenamiento de Finanzas Públicas.

Uno de los temas más debatidos fue la posible vulnerabilidad a la autonomía del Instituto de Seguridad Social y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, propuestos en el artículo 2, en el cual se pretende incluir a estas entidades como parte del sector público no financiero.

Esto quiere decir, los fondos de seguridad social de los ecuatorianos se convertirían en fondos para gastos menos, a cargo de las finanzas del Gobierno. Se llega a esta deducción recordando lo se ha venido suscitando anteriormente con las cuentas de las empresas públicas, cuando se debitó la cantidad de $284 millones, basado en el artículo 182 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, cuya finalidad era inyectar liquidez a la economía, pero realmente su destino fue el pago de deuda.

Durante este primer debate, en su totalidad los asambleístas aceptaron que se debe aplicar la regla fiscal para el Estado, pero siempre y cuando se respeta la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de la Seguridad Social, donde se incluye, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) y del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).

Varios economistas a nivel nacional manifiestan la inconformidad frente a la manera que el Gobierno pretende manejar la crisis económica a causa del COVID-19, comparan la negligencia con la que hasta el día de hoy se ha llevado la emergencia sanitaria con las medidas económicas urgentes. «Pretende que sean los ya empobrecidos ecuatorianos, quienes resuelvan el problema. ¡Absurdo! Pagan a los tenedores de bonos, pero para las urgentes obligaciones internas no tienen dinero», manifestó el economista Galo Cabanilla.

Hasta el momento no hay nada aprobado con respecto a la decisión sobre el futuro de la Seguridad Social, pues el día de ayer se aprobaron 40 de los 49 artículos del proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas; de los 9 restantes, fueron eliminados el 6, 47 y 7 de ellos, no alcanzaron la máxima votación para ser aprobados.

El presidente de la Comisión, Daniel Mendoza, informó que los artículos que no alcanzaron votación fueron: el 2, 11, 16, 31, 33, 34 y 39, mismo que propuso a todos los asambleístas presentar informes alternos con el fin de lograr alcanzar la máxima votación para aprobación de los mismos.

Fuente: Informe oficial de la Asamblea Nacional del Ecuador.